Los acuerdos comerciales desleales, así como las circunstancias que han convertido a las fronteras europeas en auténticos coladores de productos procedentes de terceros, suponen para el sector agro de nuestro país todo un lastre, que requiere de acciones y soluciones por parte de las administraciones. Hace años que el sector solicita de forma reiterada que exista una reciprocidad en el control de las importaciones y exportaciones. Una demanda que no resulta exagerada, sino que se ajusta a una realidad que ataca directamente a la competitividad de nuestro país y por ende, a una globalidad mal entendida.
Los agricultores y ganaderos españoles se ven sometidos diariamente a una serie de exigencias y requisitos tanto ambientales, como laborales que marcan y establecen las reglas del juego europeo. Una normativa que indudablemente vela por nuestra seguridad alimentaria, sin embargo es preciso analizar con detenimiento la siguiente cuestión ¿por qué los productores de terceros países llegan a nuestros mercados en condiciones totalmente diferentes? ¿Estamos seguros los consumidores europeos frente a los alimentos que se importan desde países ajenos al cumplimiento de la normativa vigente en nuestras fronteras?
Es alentador comprobar como Francia, que recientemente ha asumido la presidencia del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2022, quiere trabajar de forma real y consciente sobre este asunto, así como escuchar las demandas del sector para que la reciprocidad, tanto sanitaria como ambiental, sea una realidad. En este escenario resulta fundamental impulsar e incluir las “cláusulas espejo” en las negociaciones comerciales con terceros. Esta medida busca garantizar que los productos agrarios importados cumplan con las mismas exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal o fitosanitarias, así como con unos estándares de producción equiparables al modelo europeo, para garantizar unas reglas de mercado iguales para todos.
Conviene analizar algunos ejemplos sangrantes que ponen de manifiesto cómo la UE recompensa los avances en democratización de algunos países con beneficios comerciales, que en ocasiones acarrean prácticamente una libre entrada de alimentos a la Unión Europea. Definir como asimétrica esa relación creo que es quedarnos cortos en la descripción.
En el caso de los cítricos son varios los ejemplos que ponen de manifiesto la desigualdad y la falta de reciprocidad que existe en el sector. Uno de ellos hace referencia al tratamiento en frío durante el transporte, un requisito aplicable a todas las exportaciones europeas, pero no a aquellos productos procedentes de Sudáfrica. Por otro lado, cabe destacar que cuando Sudáfrica exporta a Estados Unidos sí que emplea el protocolo de frío, sin embargo no se le exige en el envío de partidas a la UE, lo que implica además un evidente peligro de entrada de plagas.
Resulta evidente que nos encontramos ante una situación discriminatoria, de modo que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha elaborado un informe en el que se pone de manifiesto que los protocolos del país africano no garantizan la entrada de cítricos sin polillas.
Si continuamos dentro de la rama de los cítricos nos encontramos con otra situación realmente preocupante: el desequilibrio arancelario con Turquía. Esta diferencia supone que mientras que para los europeos resulta prácticamente imposible exportar sus productos al país, dada la elevada tasa arancelaria (54,6%), los envíos de las partidas turcas a la UE entran con arancel cero y están creciendo sin control durante los últimos años (116.041 toneladas en la campaña 2020/21). En este caso, no hablamos de diferentes reglas de juego sino más bien de juegos diferentes.
Por otro lado, se han detectado en frontera hasta 23 alertas sanitarias de limones en esta campaña con pesticidas prohibidos en la Unión como el clorpirifos. La Asociación Interprofesional del Limón y el Pomelo (AILIMPO) va más allá, y ha asegurado que en frontera sólo se testan los límites máximos de residuos (LMR) y de plaguicidas prohibidos en el 20 % de las partidas de limón y del 10 % de las de pomelo. Algo que supone un riesgo evidente para la salud del consumidor comunitario.
El caso del arroz también ha generado controversia durante los últimos años, ya que se observa una clara deslealtad respecto al producto por parte de la UE, frente a las partidas procedentes de Camboya y Birmania. La Unión apuesta por facilitar las condiciones comerciales de ambos países a cambio de que existan avances en su democratización, así como en la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. ¿Cómo pueden los productores de arroz europeos ser competitivos y seguir produciendo frente a una
deslealtad interna de este calibre, que fomenta el consumo del producto de terceros?.
El sector ganadero también se ha visto perjudicado y atacado de forma injustificada durante las últimas semanas. Un sector que sufre con preocupación, no sólo esta crisis interna fruto de la desinformación y la demagogia, sino también las consecuencias graves que podría acarrear el acuerdo de la UE con Mercosur, sobre todo en el caso del vacuno.
Para muestra un botón, ya que por ejemplo el espacio recomendado para el transporte animal en Brasil es entre un 5 % y un 15% menor que el que exige la UE, e incluso en ese mismo país no se obliga a descargar a los animales en viajes largos.
Si tanto nos preocupan las cuestiones referidas a la sanidad, el bienestar animal y al cuidado del medioambiente no deberíamos caer en los mismos errores que se están cometiendo en algunos de los casos mencionados. La reducción de restricciones nunca debería considerarse moneda de cambio, para lograr objetivos de carácter político.
Repensemos estas cuestiones y apoyemos a nuestros agricultores y ganaderos, cuya máxima necesidad en estos momentos reside en obtener condiciones tan obvias como la reciprocidad y la equidad, porque del resto se encargan ellos como siempre lo han hecho
